Entrevista con Camilo Eduardo Umaña Hernández

Camilo Eduardo Umaña Hernández fue viceministro de Justicia en Colombia durante dos años, hasta octubre de 2024. Actualmente reside en Boston, Massachusetts, donde ha comenzado un fellowship en el Kennedy School de Harvard, enfocado en investigar temas relacionados con violaciones de derechos humanos. A partir de la primavera de 2025, también será profesor en la Universidad de Brown, en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Durante el próximo año, dividirá su tiempo entre Boston y Providence, combinando su trabajo de investigación con la docencia.

¿Cuáles consideras que han sido tus principales logros a lo largo de tu carrera profesional, especialmente en el ámbito de los derechos humanos y la política pública?

He tenido la oportunidad de trabajar en varios ámbitos que me han permitido combinar mi formación en derechos humanos con la política pública. Inicié mi carrera como abogado en la administración pública en el distrito de Bogotá y como defensor de derechos humanos en diversas organizaciones no gubernamentales en Colombia, donde me enfoqué en litigios relacionados con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y derechos de asociación sindical. Esta experiencia me llevó a estudiar temas más allá del derecho, como la sociología, para comprender mejor la interacción humana en estos contextos.

Decidí entonces hacer un máster en Sociología Jurídica en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati y más tarde, un doctorado en la Universidad del País Vasco. También tuve la oportunidad de realizar un doctorado en Criminología en la Universidad de Ottawa. Estas experiencias me permitieron sumar conocimientos de las ciencias sociales a mi formación jurídica.

Al regresar a Colombia, trabajé con el equipo de Naciones Unidas en el alistamiento de las entidades del Acuerdo de Paz, ayudando a la instalación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Comisión de la Verdad, además de brindar asistencia técnica a la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego, me integré a la Comisión de la Verdad como investigador, liderando un equipo que se enfocó en investigar violaciones de derechos humanos de agentes del Estado y en acceso a la justicia en el conflicto armado. Esta labor culminó con mi contribución al informe final de la Comisión.

En los últimos años, he sido profesor en la Universidad Externado donde dirigí la Maestría en Derechos Humanos. Más recientemente, fui Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa en el Ministerio de Justicia de Colombia, liderando políticas complejas en temas de drogas, justicia transicional y política criminal y penitenciaria. Ahora, me encuentro investigando en Harvard y en primavera seré profesor en la Universidad Brown.

¿Podrías contarnos sobre tu primera experiencia personal y profesional con la justicia restaurativa? ¿Cómo impactó esta perspectiva en tu enfoque hacia la defensa de derechos humanos?

Claro, mi primera experiencia con la justicia restaurativa se dio de manera indirecta a través de mi trabajo en la defensa de derechos humanos. Desde el principio, en mi labor con las víctimas, ya aplicaba metodologías que, sin saberlo, se alineaban con los principios de la justicia restaurativa. Fue más tarde, durante mi doctorado, cuando tuve un contacto más cercano con la teoría de la justicia restaurativa, especialmente en Canadá. Este acercamiento me permitió reflexionar retrospectivamente sobre mi trabajo, identificar ciertos elementos restaurativos y explorar otros nuevos que desconocía.

Entonces, mi primera experiencia fue más un abordaje teórico y reflexivo de lo que era la justicia restaurativa, que luego me resultó muy provechoso para cuando comencé a desarrollar metodologías de trabajo en la Comisión de la Verdad y en la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y, obviamente, en el cargo de viceministro fue una mezcla entre mi bagaje y lo que había podido desarrollar en Colombia, y ahora ya llevarlo a un siguiente nivel, que fue convertirlo en temas de política pública. Así que primero me permitió conocerla desde un punto de vista teórico y académico, y luego verla en la práctica social y en la defensa de los derechos humanos para después llevarla a la política pública.

¿Qué influencia tuvo la muerte de tu padre en tu visión sobre la justicia restaurativa y tu decisión de participar en los diálogos de La Habana?

La experiencia del asesinato de mi padre tuvo un impacto profundo en mi vida y en mi concepción de la justicia. Cuando mataron a mi papá, yo era un niño de 12 o 13 años. En ese entonces la cuestión era mucho más radical que sencillamente sentarse a reflexionar, se trataba de sobrevivir. Junto con mi madre tuvimos que exiliarnos, y eso marcó un punto de partida para mi interés por entender y buscar la justicia. A medida que fui creciendo, eligiendo qué estudiar, siempre tuve un fuerte interés en reflexionar sobre estos temas, en gran parte porque mi padre fue un defensor de derechos humanos, dedicado a procurar justicia para muchas personas. Esto también implicó ver de cerca las carencias de la justicia y la insatisfacción que generaban ciertos tipos de mecanismos legales. Como abogado penalista, él trabajaba en contextos de mucha violencia y defendía a personas perseguidas, y eso me permitió observar cómo, a veces, la justicia podía incluso dañar a las personas en lugar de ayudarlas.

Esa experiencia personal despertó en mí una convicción de que la búsqueda de justicia debía cualificarse de formas diferentes. Frente a violaciones de derechos humanos no era suficiente con encontrar a alguien y darle un castigo; debía pensarse en un marco mucho más amplio que trascendiera el hecho concreto. En ese sentido, mi objetivo ha sido, en parte, evitar que otros niños y familias tengan que pasar por lo mismo que yo viví.

Para mí, era fundamental pensar en un marco de justicia mucho más amplio que trascendiera el hecho concreto del asesinato de mi padre. Llevo casi 20 años intentando que el caso avance en la justicia penal, enfrentando muchas dificultades e incluso amenazas. Sin embargo, mi objetivo siempre ha sido ir más allá de ese único proceso penal. Por eso, mi participación en los movimientos sociales y de víctimas ha sido crucial, ya que me ha permitido estar en diversos escenarios para reflexionar sobre la justicia y hacer algo al respecto.

Una de estas experiencias importantes fue mi participación en los diálogos de La Habana con las FARC, donde fui convocado como parte de una de las cinco delegaciones de víctimas que participaron en diferentes momentos de la negociación. Cada delegación estaba compuesta por unas 10 personas, y el objetivo era que estas 50 víctimas pudieran hablar directamente con las partes en negociación para exponer no solo sus reclamos, sino también los contextos de lo que habían vivido. Mi delegación, me gustaría creer, impactó bastante a los negociadores, y esto nos permitió intercambiar ideas y perspectivas sobre lo que significaba la justicia para nosotros.

En ese momento, yo estaba haciendo mi doctorado tanto en el País Vasco como en Ottawa, y mi tesis giraba en torno a la impunidad. Un aspecto central de los acuerdos de paz, y algo en lo que siempre insistí, era la necesidad de vencer la impunidad sin abrir una agenda punitivista. Mi preocupación era que esta lucha contra la impunidad no se interpretara como un llamado a aplicar los castigos más severos a todos los involucrados. Esa visión extrema me parecía contraproducente, ya que podía bloquear las soluciones reales a los problemas. Mi concepto de impunidad busca trascender el punitivismo y centrarse en la responsabilidad, para construir una sociedad más consciente y capaz de restablecer la armonía social.

Salir del proceso transicional con una sociedad más responsable implica ser más conscientes del impacto que tiene el sistema penal sobre quienes infringen la ley y, además, remover los poderes que operan por encima de la ley. Resumir todo a la cárcel como único objetivo es un déficit para la sociedad. Por eso, mi enfoque ha sido proponer un marco de justicia que incluya la verdad, la búsqueda de los desaparecidos y mecanismos que disminuyan las posibilidades de repetir los errores del pasado. Estas fueron las ideas que expuse y que han guiado mi manera de entender y abordar los conflictos.

Después de años trabajando en justicia restaurativa, especialmente en contextos de conflictos a gran escala, ¿cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido?

Después de años trabajando en justicia restaurativa, he aprendido que no es una solución universal. La justicia restaurativa no es una panacea; tiene un gran potencial para atender los vínculos sociales, pero en sociedades donde se han cometido atrocidades graves, esos vínculos deben reconstruirse de manera escalonada. No se puede pretender que las personas vuelvan a convivir desde cero, sino que deben hacerlo a partir de lo ocurrido. En estos contextos, el impacto de lo restaurativo puede ser significativo, especialmente a nivel intergeneracional, aunque su impacto podría ser un poco menos marcado en las generaciones más cercanas al conflicto.

Además, he comprobado que la justicia restaurativa es altamente contextual. Depende del estado social de una comunidad y de sus vínculos, lo que implica que no se puede aplicar como una receta única que se aplique de una misma forma para todos los contextos, ni siquiera dentro de un mismo país. En un mismo contexto histórico, se puede aplicar de la misma forma en diferentes niveles de conflictos. Lo que funciona en un lugar o para ciertos sectores sociales puede no ser aplicable en otros. Por eso, es crucial evaluar y estudiar los efectos, tanto positivos como adversos, para adaptarla según cada situación.

Un error común es confundir la justicia restaurativa con una "justicia en especie", es decir, con soluciones materiales como devolver dinero o construir monumentos. La clave de la justicia restaurativa radica en el proceso social que se lleva a cabo, más que en los resultados finales. Cuando nos obsesionamos con los resultados, perdemos de vista el poder restaurador que tiene el proceso en las relaciones sociales.

Aunque habitualmente se rescata la importancia de las prácticas restaurativas y de cómo éstas informan la teoría, también se necesitan marcos normativos y políticas públicas claras que apoyen estas iniciativas. Sin ellos, los programas se vuelven esporádicos y dependen de esfuerzos aislados. La justicia restaurativa requiere tiempo y acuerdos sociales, muchas veces sostenidos por normas y políticas públicas que garanticen su continuidad y aplicación efectiva.

Es fundamental no ver la justicia restaurativa como una competencia con la justicia retributiva. Esa dicotomía entre lo restaurativo y lo retributivo no abarca la complejidad de los conflictos sociales. Por ejemplo, los movimientos sociales a menudo promueven una justicia transformadora que no se alinea estrictamente con ninguna de estas categorías, sino que demanda otras agendas y enfoques.

En definitiva, la justicia restaurativa no busca ser la solución a todos los problemas sociales, sino ampliar las formas de entender y abordar los conflictos. Debemos ser conscientes de sus limitaciones y potencialidades, y evitar invisibilizar otras formas de justicia necesarias para transformar las sociedades. Estas son algunas de las lecciones clave que he extraído de mi experiencia.

Como viceministro de justicia, uno de los mayores desafíos que enfrenté fue la falta de claridad y conocimiento sobre lo que realmente implica la justicia restaurativa. Aunque parezca paradójico, incluso entre quienes desarrollaban prácticas que se autodenominaban restaurativas, existe muchas veces una gran ambigüedad en cuanto a su definición y objetivos. Esta falta de claridad hacía difícil traducir la justicia restaurativa en políticas públicas efectivas, ya que para ejecutar una política pública es fundamental ser claro y contar con indicadores concretos que permitan evaluar el avance.

Muchas veces, la justicia restaurativa se concibe de una forma muy abstracta, basada solo en valores, lo que complica su aterrizaje en indicadores medibles. Por ejemplo, si desarrollamos un programa de justicia restaurativa, es necesario preguntarse cómo saber si realmente estamos avanzando. Debemos medir el impacto a través de factores como el número de personas involucradas, la cantidad de expertos capacitados, la disminución de la conflictividad o la creación de alternativas al encarcelamiento. Sin estas mediciones, es difícil evaluar y mejorar las políticas implementadas.

Otro reto importante es la falta de recursos humanos adecuadamente capacitados. No todas las personas que desarrollan estos programas tienen una formación específica en justicia restaurativa. Además, el lenguaje de la justicia restaurativa tiende a ser amplio y a menudo se confunde con prácticas como la conciliación, la mediación o incluso enfoques religiosos centrados en el perdón. Esta amplitud dificulta delimitar el campo de acción de la justicia restaurativa y establecer qué se busca lograr y cómo se medirá.

En un contexto como el colombiano, donde las realidades sociales son muy cambiantes, desarrollar políticas públicas implica mantener una constante capacidad de adaptación. Lo que parece pertinente en un momento puede rápidamente desactualizarse, lo que exige mecanismos de monitoreo continuo para ajustar las políticas a tiempo. Aquí, la aplicación de las ciencias sociales y el manejo de datos se vuelven fundamentales, ya que permiten saber qué está ocurriendo en tiempo real.

Por eso, es necesario contar con estudios y observatorios que generen datos sólidos y nos brinden análisis claros. Durante mi gestión, me enfoqué en generar conocimiento a partir de estos datos y tomar decisiones informadas basadas en evidencia. Sin embargo, lograr esto sigue siendo un gran desafío para la justicia restaurativa, ya que a menudo se ha desapegado del manejo riguroso de datos y de la ciencia aplicada.

¿Cuáles son tus deseos para el futuro de Colombia, particularmente en cuanto al impacto de la justicia restaurativa en el sistema penal y la sociedad en general?

Mis deseos para el futuro de Colombia, especialmente en términos de justicia restaurativa, parten de un programa que ya comenzamos a implementar, el cual busca ser una alternativa al encarcelamiento para mujeres cabezas de hogar que han cometido ciertos delitos en condiciones de marginalidad. Si este programa se aplica a su máxima extensión, podría permitir que alrededor de la mitad de las mujeres en prisión regresen a sus hogares y cumplan un servicio comunitario, en lugar de enfrentar una pena de cárcel. Esto cambiaría la percepción de la prisión no solo para las mujeres, sino para el sistema en general, y abriría la posibilidad de ampliar esta política a otras poblaciones, generando una visión más constructiva de la sanción penal.

Otro aspecto crucial son las medidas de justicia adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Anhelo que la jurisdicción sea capaz de crear un vínculo claro y efectivo entre estas medidas y los daños ocasionados durante el conflicto. Es fundamental que las acciones restaurativas sean comprensibles y auténticamente vinculadas a las comunidades afectadas, para que puedan tener una verdadera incidencia. De lo contrario, se corre el riesgo de que la justicia restaurativa se perciba como algo extraño y pierda su capacidad de transformarse en una herramienta significativa.

También hay experiencias muy prometedoras en la justicia juvenil, donde se ha demostrado que los programas de justicia restaurativa ayudan a que los jóvenes mejoren su educación, refuercen sus lazos familiares y se alejen de conductas delictivas. Sin embargo, estos programas aún son limitados a unas pocas ciudades en el país. Mi esperanza es que puedan expandirse y alcanzar a más jóvenes con problemáticas similares.

En general, considero que la justicia restaurativa debe ir más allá del ámbito del derecho penal y de las sanciones formales. Mi deseo es que se convierta en una forma de abordar conflictos sociales de manera inteligente, a nivel de las comunidades, las escuelas y los barrios. Esto permitiría atender no solo el delito, sino también otras problemáticas sociales, algo que actualmente se lleva a cabo de manera aislada y principalmente a través de iniciativas comunitarias.

Finalmente, sería ideal que estos esfuerzos se consolidaran en una política pública amplia y coherente que impulse programas de justicia restaurativa en todo el país. Este enfoque integral permitiría construir una sociedad más justa y reconciliada, y es el camino que me gustaría ver para Colombia.

Para quienes enfrentan conflictos sistémicos y de gran escala, ¿qué reflexión final te gustaría compartir acerca del papel de la justicia restaurativa en estos contextos?

En contextos de conflictos sistémicos y de gran escala, la justicia restaurativa debe centrarse en la experiencia de las víctimas, pero no solo en su dolor, sino también en la capacidad de elaborar y atender ese sufrimiento. Es importante que estas iniciativas no dividan a la sociedad en categorías rígidas entre quienes generaron la violencia y quienes la sufrieron, porque hay muchos sectores que no encajan de manera binaria en estas categorías. Las personas pueden haber participado en el conflicto con sus discursos, prácticas o ideas, o pueden haber sido afectadas de diversas maneras por las acciones de otros. Por lo tanto, es necesario trascender esta visión simplista y crear esquemas de diálogo social que permitan abordar el daño de manera integral.

Otro aspecto crucial es entender que la justicia restaurativa requiere tiempo. Las sociedades que han atravesado situaciones extremas, como la guerra, a menudo sienten que el tiempo es corto debido a la urgencia de sobrevivir. Cuando la supervivencia se convierte en la prioridad, las estrategias de justicia pasan a segundo plano. Por ello, es fundamental que las sociedades generen condiciones donde lo más urgente no sea simplemente sobrevivir, para así poder enfocar sus esfuerzos en los procesos de justicia.

La justicia restaurativa no solo mira al pasado, sino también se proyecta hacia el futuro. Cuando una sociedad se centra únicamente en lo que ocurrió y no reflexiona sobre lo que quiere construir, surge un problema grave en la aplicación de los mecanismos de justicia. Hay que preocuparse por el futuro. En estos procesos, las nuevas generaciones tienen un papel fundamental, ya que la asimilación de la guerra y la implementación de los mecanismos de paz llevan tiempo y requieren de un compromiso intergeneracional.

Finalmente, es crucial cuestionar quiénes lideran en momentos de guerra y qué tipo de liderazgo buscan. La justicia ordinaria, representada muchas veces por la figura del juez con su mazo, no siempre es el símbolo de liderazgo que permite superar los conflictos. Si el liderazgo recae en las armas, el resultado será siempre el mismo: más violencia. Pero si el liderazgo lo ejercen actores sociales que han vivido y sufrido los conflictos, se abren mejores posibilidades para reconstruir los vínculos sociales.

En definitiva, la justicia restaurativa debe concebirse como clave para abordar los conflictos, pues el verdadero avance de una sociedad radica en la fuerza de sus vínculos sociales y su capacidad de liderazgo transformador.

Camilo Eduardo Umaña Hernández Ex-viceministro, profesor universitario, abogado defensor de derechos humanos
fue entrevistado por Claudia Christen-Schneider

camiloe.umana@uexternado.edu.co

Publicado el 31 de diciembre de 2024.