La visión del Foro Europeo de Justicia Restaurativa es que todas las personas deberían tener derecho a acceder a servicios de justicia restaurativa de alta calidad, en cualquier momento y en cualquier asunto. El logro de este objetivo ha avanzado significativamente en los 25 años de historia de la organización. La justicia restaurativa ha pasado de ser prácticamente desconocida a formar parte del sistema jurídico de muchos países europeos. Algunos autores incluso abogan por la incorporación al derecho penal europeo de un nuevo derecho humano: el derecho de acceso a la justicia restaurativa.
En el EFRJ siempre hemos defendido que no existe un modelo único de justicia restaurativa. Reconocemos que la justicia restaurativa es un enfoque flexible y en constante evolución. Cada país debe adaptar la justicia restaurativa a su cultura jurídica y estructura organizativa. Existen modelos muy diferentes, como el belga o el finlandés, que logran resultados de muy alta calidad a pesar de sus respectivas fortalezas y debilidades. En cualquier caso, a pesar de la diversidad de modelos entre países, la cultura política europea tiene en común un fuerte predominio de los servicios de justicia restaurativa impulsados y gestionados desde el Estado. Esto nos diferencia de los Estados Unidos de América, donde predominan las iniciativas privadas, a veces comunitarias y a veces con ánimo de lucro. Los modelos europeos de justicia restaurativa son fundamentalmente públicos: promovidos, controlados y gestionados por los Estados. Y, en mi opinión, deberían seguir siendo así. Entiendo que existen diferentes puntos de vista al respecto y que este puede ser un tema abierto a debate en el seno del EFRJ, pero creo que la justicia restaurativa en el ámbito de la justicia penal debería ser principalmente responsabilidad del Estado.
En este momento histórico, las estructuras estatales en Europa son muy complejas. Vivimos en una época en la que la división entre poderes europeos, centrales, regionales y locales es generalizada. A nivel supraestatal, todos los países de la Unión Europea deben seguir las directrices legislativas establecidas por las instituciones europeas. De hecho, la Directiva 2012/29/UE sobre los derechos de las víctimas ha sido uno de los principales impulsores de la justicia restaurativa. Además de esta organización supraestatal, muchos países cuentan con sistemas internos de descentralización de competencias, con algunas funciones asignadas al gobierno central y otras a las regiones o municipios, cada una con sus propias particularidades.
España se ha configurado como un estado altamente descentralizado, si bien el Estado central conserva las competencias legislativas en materia penal y de justicia. Las Comunidades Autónomas solo tienen la facultad de crear y regular ciertos servicios que sirvan de complemento al sistema judicial. Esto ha provocado un desarrollo muy desigual de la justicia restaurativa en este país.
Podríamos decir que algunas regiones, como Cataluña, el País Vasco y Navarra, están a la vanguardia europea en materia restaurativa. Los encuentros restaurativos en casos de terrorismo en el País Vasco, la universalización de los servicios de justicia restaurativa en Cataluña y la Ley Foral de justicia restaurativa en Navarra son algunos ejemplos que demuestran el firme compromiso de estas regiones con la promoción de servicios de justicia restaurativa de alta calidad. Sin embargo, por diversas razones (que no puedo abordar aquí, pero que merecería la pena analizar y debatir), el Gobierno central español aún no ha desarrollado servicios de justicia restaurativa a nivel estatal. Parece que no se ha comprendido que esta forma de justicia genera valiosos beneficios para las víctimas, promueve la reinserción de los agresores y aumenta la eficiencia democrática de los sistemas de justicia penal.
Recientemente, se ha producido un avance legislativo que podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo de la justicia restaurativa en España, pero solo si el Gobierno central comprende que debe crear servicios públicos de justicia restaurativa de alta calidad, adecuadamente financiados y sujetos a estrictas normas de funcionamiento.
